Plan de Gestión Social en la MIS / EVIS: Clave para la aceptación social de proyectos energéticos en México
Introducción
En los proyectos energéticos la gestión social es tan importante como la viabilidad técnica o financiera. Aspectos como los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental y la justicia energética se han convertido en pilares para obtener la licencia social para operar. Para ello es vital formular un Plan de Gestión Social
A nivel internacional, organismos como la IFC (International Finance Corporation), el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y la IAIA (International Association for Impact Assessment) promueven buenas prácticas de evaluación y gestión social. Por ejemplo, la IAIA enfatiza que la Evaluación de Impacto Social (EIS) es esencial para entender y manejar las consecuencias sociales de los proyectos, destacando la participación temprana y continua de las comunidades, la mitigación de impactos negativos, la potenciación de beneficios positivos, y el respeto a los derechos humanos y la equidad social.
Integrar consideraciones sociales desde el inicio no sólo es una exigencia ética y legal, sino también una estrategia inteligente para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos energéticos.
La gestión social en proyectos energéticos: un enfoque global
A nivel global, existe un consenso creciente sobre el papel crítico de la gestión social en proyectos de energía (ya sea electricidad o hidrocarburos). Conceptos como la justicia energética se refieren a garantizar que los beneficios y cargas de los proyectos se distribuyan de forma equitativa, reduciendo brechas sociales.
De hecho, las recientes reformas energéticas en México mencionan explícitamente la justicia energética, definiéndola como el conjunto de acciones y estrategias encaminadas a reducir la pobreza y las desigualdades en el uso y acceso a la energía, impulsando el desarrollo regional y la prosperidad compartida. Este enfoque está alineado con la noción de transición energética justa que se discute internacionalmente.
Las buenas prácticas internacionales ofrecen guías claras. La IFC, por ejemplo, establece en su Norma de Desempeño 1 que una gestión ambiental y social sólida a lo largo del ciclo de vida del proyecto es crucial para anticipar y manejar riesgos e impactos. Un buen Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) permite integrar planes de mitigación en las operaciones centrales de la empresa, evitando o minimizando impactos negativos y potenciando los positivos.
Además, IFC subraya la importancia de la consulta con las partes interesadas y de contar con mecanismos de quejas para atender las preocupaciones de trabajadores y comunidades locales. En palabras de la propia IFC, “un buen SGAS… promueve un desempeño ambiental y social sólido y sostenible, y puede derivar en mejores resultados financieros, ambientales y sociales”.
Del mismo modo, el BID y otros bancos de desarrollo exigen evaluaciones de impacto social rigurosas y Planes de Gestión Social como condición para financiar proyectos, enfatizando principios como la participación comunitaria, la perspectiva de género y el respeto a los pueblos indígenas.
Marco legal mexicano: EVIS, MIS y el Plan de Gestión Social obligatorio
En México, la gestión social de proyectos energéticos no es opcional, es obligatoria por ley. A raíz de la reforma energética de 2013-2014, las leyes sectoriales (por ejemplo, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica) introdujeron la Evaluación de Impacto Social (EVIS) como requisito previo para proyectos energéticos.
En 2018, la Secretaría de Energía (SENER) publicó las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto Social en el Sector Energético, que detallan la metodología y contenido que debe tener una EVIS. Estas disposiciones establecen de manera explícita que todo proyecto energético debe presentar una EVIS y diseñar un Plan de Gestión Social (PGS) como parte de la misma.
La normativa mexicana vigente hasta 2024 definía la EVIS como un estudio técnico-social que identifica los posibles impactos sociales de un proyecto energético y propone medidas para manejarlos. El Plan de Gestión Social figura en esa regulación como el componente central para manejar dichos impactos.
Por ejemplo, el Artículo 29 de las disposiciones de SENER (2018) señala que la EVIS “deberá contener un apartado donde se describa el sistema, estrategia o programa que incluirá el conjunto de medidas de ampliación de impactos positivos y de medidas de prevención y mitigación de impactos negativos; las acciones y recursos humanos y financieros que implementará el promovente en materia de comunicación, participación, atención de quejas, inversión social y otras acciones que permitan garantizar la sostenibilidad del proyecto y el respeto a los derechos humanos”.
Es decir, por mandato regulatorio, cada EVIS debe incluir un Plan de Gestión Social integrado que describa qué hará la empresa para gestionar eficazmente los impactos sociales del proyecto.
Manifestación de Impacto Socia en las Leyes Secundarias 2025
En 2025, México actualizó su marco legal energético con nuevas Leyes Secundarias. Estas reformas –publicadas el 18 de marzo de 2025– reafirman y fortalecen la gestión social, incorporando conceptos de justicia social y soberanía energética. Una de las novedades fue renombrar la EVIS: ahora se denomina Manifestación de Impacto Social (MIS), aunque conserva objetivos similares.
La nueva Ley de Hidrocarburos define la MIS como un documento basado en estudios técnicos que evalúa los impactos sociales significativos y potenciales de un proyecto en una comunidad, mediante un enfoque participativo, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, identificando efectos positivos y negativos, y proponiendo medidas para maximizar beneficios, mitigar afectaciones y garantizar la sostenibilidad social del proyecto.
En términos prácticos, la MIS es la “nueva EVIS” bajo un marco de principios más robusto. De hecho, la Ley del Sector Eléctrico de 2025 indica que se mantienen obligaciones similares al esquema anterior, donde la EVIS/MIS sigue siendo requisito indispensable antes de la construcción de proyectos, hasta que se emitan las nuevas disposiciones administrativas correspondientes.
Tanto la MIS como la EVIS exigen un Plan de Gestión Social. La nueva legislación refuerza esto al requerir, por ejemplo, que los desarrolladores presenten informes anuales de la implementación del Plan de Gestión Social, y conserven esa información por al menos cinco años. En otras palabras, no basta con presentar un PGS en papel para obtener la autorización; la empresa debe ejecutar ese plan y dar seguimiento documental de su cumplimiento.
Asimismo, el marco legal mexicano (tanto anterior como vigente) vincula la gestión social con la protección de derechos humanos. La SENER dispone que el promovente “elaborará la Evaluación e implementará el Plan de Gestión Social del Proyecto, respetando y protegiendo los derechos humanos… [y] ejercerá la debida diligencia a fin de prevenir las violaciones a los mismos”. Esto alinea la normativa nacional con estándares internacionales de debida diligencia en derechos humanos (como los Principios Rectores de la ONU y las prácticas de IFC/BID), dejando claro que un proyecto energético debe identificar y evitar cualquier impacto negativo sobre las comunidades locales.
¿Qué es y qué contiene un Plan de Gestión Social (PGS)?
El Plan de Gestión Social (PGS) es el corazón operativo de la evaluación de impacto social. En términos sencillos, el PGS es la estrategia que define cómo el proyecto gestionará sus relaciones con la comunidad y minimizará sus impactos sociales negativos, a la vez que potencia las oportunidades positivas. Las disposiciones mexicanas lo describen como “el sistema, estrategia o programa” que reúne todas las medidas y acciones sociales del proyecto. Esto incluye:
Medidas de mitigación y prevención de impactos negativos
Acciones para evitar, reducir o compensar efectos adversos en las comunidades (por ejemplo, programas de reubicación justos si hay desplazamiento, planes de seguridad vial si habrá más tráfico, etc.).
Medidas de ampliación de impactos positivos
Iniciativas para maximizar los beneficios sociales del proyecto. Por ejemplo, capacitar y contratar mano de obra local, invertir en infraestructura comunitaria, o apoyar proyectos productivos locales, de modo que la población sienta beneficios tangibles del desarrollo energético.
Plan de comunicación y participación comunitaria
Estrategias para mantener un diálogo continuo con las comunidades del Área de Influencia. Esto implica informar claramente sobre el proyecto, atender dudas, y propiciar la participación activa de la gente en las decisiones que les afectan. Las normas exigen que el PGS incluya mecanismos de participación ciudadana incluyente (considerando equidad de género y la inclusión de grupos vulnerables) y consulta, especialmente cuando involucra pueblos indígenas conforme a la legislación aplicable.
Mecanismos de quejas y sugerencias
Un sistema accesible para que cualquier miembro de la comunidad pueda presentar quejas o sugerencias y obtener respuesta (comúnmente llamado mecanismo de atención de quejas o grievance mechanism). Este componente es vital para canalizar los conflictos de manera temprana y resolverlos antes de que escalen. Las buenas prácticas (IFC, BID) recomiendan que todos los proyectos cuenten con un canal formal para gestionar quejas de trabajadores y comunidades, y la regulación mexicana lo incorpora explícitamente.
Programa de inversión social
Si bien la ley no obliga a hacer “obras sociales” más allá de mitigar impactos, muchas empresas incluyen en el PGS proyectos de inversión social (por ejemplo, mejorar escuelas, clínicas, caminos, programas de becas) para ampliar los impactos positivos y ganar buena voluntad en la comunidad. El PGS consolida estos esfuerzos de forma ordenada y estratégica, asegurándose de alinearlos con las necesidades reales de la población.
Recursos y responsables
Un buen PGS especifica recursos humanos y financieros asignados para implementarlo. Esto significa designar un equipo social (por ejemplo, gerentes o facilitadores comunitarios en sitio) y presupuesto para ejecutar las medidas comprometidas. También debe incluir indicadores de seguimiento y planes de monitoreo para evaluar periódicamente el cumplimiento de las acciones (la SENER exige definir indicadores de implementación y su periodicidad de reporte en el PGS).
Perspectivas transversales
Por mandato, el PGS debe diseñarse con enfoque de igualdad de género, asegurando la participación equitativa de mujeres y hombres y considerando acciones diferenciadas si algún impacto afecta de manera particular a mujeres, niños, personas mayores, indígenas o grupos vulnerables. Asimismo, debe respetar la cultura local; en proyectos con presencia indígena, usualmente se incorpora un Plan de Atención a Pueblos Indígenas como componente del PGS.
En síntesis, el Plan de Gestión Social es el plan de acción socio-comunitario del proyecto. Mientras que la EVIS/MIS es el estudio que identifica los impactos y propone medidas en papel, el PGS es el instrumento para llevar esas medidas a la práctica durante las diferentes etapas (construcción, operación e incluso cierre).
Un PGS bien estructurado atiende todas las fases del proyecto, adaptando las acciones a los riesgos y oportunidades que van surgiendo. Por ejemplo, en etapa de construcción puede haber más énfasis en manejar los impactos inmediatos (empleo temporal, incremento de población flotante, molestias por obras), mientras que en operación se enfocará en impactos de largo plazo (uso de recursos locales, empleo permanente, desarrollo regional, etc.). Todo esto, siempre articulado con las autoridades y planes de desarrollo locales, de modo que las acciones sociales del proyecto sumen a las políticas públicas existentes.
Beneficios de un PGS bien diseñado: aceptación social y reducción de riesgos
Implementar un Plan de Gestión Social de calidad no es sólo un trámite para cumplir la ley, es una inversión que rinde frutos en la viabilidad del proyecto. Los beneficios de un PGS bien diseñado se reflejan en varios frentes:
Mejora la aceptación social del proyecto
Cuando una empresa se involucra genuinamente con la comunidad, escucha sus preocupaciones y demuestra compromiso con su bienestar, es más probable que la comunidad acepte y hasta apoye el proyecto. Esto se conoce como licencia social para operar.
Por el contrario, proyectos que ignoran las dinámicas sociales suelen enfrentar resistencias. En México existen ejemplos aleccionadores: varios proyectos de energía renovable (eólicos, solares) han enfrentado oposición social y conflictos por no involucrar adecuadamente a las comunidades desde el principio.
Estudios de organizaciones civiles señalan que en algunos parques eólicos se generó polarización social e incluso la intervención de empresas llegó a alterar las prácticas comunitarias tradicionales, precisamente por falta de procesos participativos y de respeto cultural. Evitar estos escenarios es mucho más barato (y ético) que reaccionar a ellos una vez desatados. Un PGS robusto actúa de antídoto contra conflictos: identifica a tiempo posibles fuentes de tensión y define cómo mitigarlas o negociarlas con la población.
Reduce riesgos reputacionales y operativos
Los conflictos sociales no sólo retrasan las obras (incrementando costos), sino que pueden escalar a litigios, protestas mediáticas o intervenciones gubernamentales, dañando la reputación de la empresa. Un caso ilustrativo ocurrió en Cuetzalan, Puebla, donde la imposición de una subestación eléctrica sin suficiente diálogo provocó fuerte resistencia comunitaria y obligó a replantear el proyecto. Cada mes de retraso por bloqueos o suspensión de actividades puede costar millones.
En cambio, al tener una relación de confianza con la comunidad, la empresa reduce la probabilidad de interrupciones. Los mecanismos como mesas de diálogo y atención de quejas permiten resolver desacuerdos a pequeña escala antes de que se vuelvan grandes problemas. Además, las empresas con buen desempeño social suelen ser mejor valoradas por inversionistas, clientes y otros stakeholders, protegiendo su marca.
Contribuye a la sostenibilidad y al desarrollo local
Un PGS efectivo puede transformar un proyecto en catalizador de desarrollo. Por ejemplo, si un proyecto hidroeléctrico implementa programas de capacitación técnica, al final no sólo tendrá empleados más competentes, sino que dejará una comunidad con nuevas habilidades útiles a futuro. De igual modo, invertir en infraestructura comunitaria (agua, electrificación, caminos) mejora las condiciones de vida locales en línea con la justicia energética y puede mitigar desigualdades regionales.
Las nuevas leyes energéticas mexicanas enfatizan el enfoque de desarrollo sostenible con responsabilidad social, económica y ambiental, justamente reconociendo que los proyectos deben integrarse al entorno para generar prosperidad compartida. Un PGS alineado con estos objetivos asegura que el proyecto energético aporte valor más allá de la rentabilidad privada, dejando un legado positivo.
Cumplimiento normativo y acceso a financiamiento
Desde luego, diseñar correctamente el PGS garantiza cumplir con la normatividad mexicana, evitando sanciones o incluso la revocación de permisos por incumplimiento de las condicionantes sociales. Por añadidura, muchos financistas internacionales condicionan el apoyo a que el proyecto cumpla estándares sociales. Contar con un PGS acorde a lineamientos de IFC/BID abre puertas a financiamiento de bancos de desarrollo o fondos verdes, que hoy exigen altos estándares en temas de impacto social y ambiental.
Conclusión: hacia proyectos energéticos socialmente responsables
En conclusión, el Plan de Gestión Social dentro de la EVIS (ahora MIS) es mucho más que un requisito administrativo: es la hoja de ruta para lograr que un proyecto energético sea socialmente responsable, justo y sostenible en el tiempo. Su significado e importancia radica en que vincula al proyecto con las personas y comunidades a las que afecta y beneficia.
Un PGS bien concebido y ejecutado permite que las empresas desarrolladoras de proyectos energéticos construyan relaciones de confianza, eviten conflictos costosos y contribuyan genuinamente al desarrollo local y al respeto de los derechos humanos.
Hoy día, con un escrutinio público cada vez mayor sobre el desempeño social y ambiental de las empresas, integrar estos principios no sólo responde a las obligaciones legales mexicanas (como la MIS y sus disposiciones de 2018 y 2025), sino que representa una buena práctica de negocios.
Como señala la nueva normativa, la Manifestación de Impacto Social debe evaluarse “con enfoque participativo, sostenible y de respeto a derechos humanos”. Esto resume la meta: lograr proyectos energéticos que operen en armonía con sus comunidades anfitrionas.
Te apoyamos
Si tu empresa está por emprender un proyecto en el sector eléctrico o de hidrocarburos en México, comienza cuanto antes a trabajar en la dimensión social. Asegúrate de elaborar una EVIS/MIS sólida y de diseñar un Plan de Gestión Social integral y realista. Involucra a expertos en impacto social, dialoga con las comunidades desde etapas tempranas y mantén una comunicación transparente. Un PGS no es un documento estático: es un compromiso vivo que debe actualizarse y cumplirse.
Al invertir en un buen Plan de Gestión Social, estarás invirtiendo en la viabilidad y éxito a largo plazo de tu proyecto, garantizando no sólo el cumplimiento de la ley, sino dejando un legado positivo en las comunidades y fortaleciendo la reputación de tu empresa.
Referencias
Asociación Internacional para la Evaluación de Impacto (IAIA). (2015). Social Impact Assessment: Guidance for Assessing and Managing the Social Impacts of Projects. Fargo, ND: IAIA.
Corporación Financiera Internacional (IFC). (2012). Norma de Desempeño 1: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales. Washington, DC: IFC.
Diario Oficial de la Federación (DOF). (2018, 1 junio). Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto Social en el Sector Energético. México: SENER.
Diario Oficial de la Federación (DOF). (2025, 18 marzo). Ley de Hidrocarburos (reforma 2025) – Artículo 5º, Fracción XXIX (Manifestación de Impacto Social). México.
Diario Oficial de la Federación (DOF). (2025, 18 marzo). Ley del Sector Eléctrico – Sección de Justicia Energética e Impacto Social. México.
Energy Magazine. (2025, 15 abril). La Nueva Manifestación de Impacto Social en el Sector de Hidrocarburos en México: Un Enfoque hacia la Justicia Energética y la Participación Ciudadana, por Alicia Zazueta.
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). (2020). Proyectos de energía renovable y protección de derechos humanos. CEMDA.
Climatetracker Latam. (2023). Dinero, candados legales y megaproyectos: los retos de comunidades que apuestan por la transición energética justa en México.
