Justicia Energética y Pobreza Energética: Conceptos y Marco Normativo en México
¿Por qué hablar de justicia y pobreza energética hoy?
En el mundo moderno, la energía es un elemento fundamental para el desarrollo humano y económico. Sin embargo, millones de personas aún carecen de acceso a servicios energéticos básicos o enfrentan dificultades para costearlos. Estos problemas se engloban en los conceptos de pobreza energética y justicia energética.
La pobreza energética se refiere a la incapacidad de satisfacer necesidades energéticas esenciales en el hogar, mientras que la justicia energética busca asegurar un acceso equitativo y sustentable a la energía para todos. Ambos conceptos han cobrado relevancia global como parte de la agenda de desarrollo sostenible y la transición energética justa.
En este artículo se caracterizan la pobreza y la justicia energética a nivel global, con definiciones respaldadas por organismos reconocidos, y se vinculan al contexto mexicano a la luz de las Leyes Secundarias en materia energética de 2025. Con ello, se destaca cómo México incorpora estos principios en su marco legal reciente para no dejar a nadie atrás en el acceso a la energía.
¿Qué es la pobreza energética?
La pobreza energética se define como la dificultad o incapacidad de un hogar para acceder a servicios energéticos esenciales —por
ejemplo, iluminación, refrigeración, calefacción o cocción de alimentos de forma segura— y poder utilizarlos de manera asequible para llevar una vida digna y con bienestar. No se trata únicamente de estar conectado a la red eléctrica, sino de contar con la energía suficiente, de calidad y a un costo accesible para cubrir las necesidades básicas del hogar.
Este concepto abarca tanto la falta de acceso físico a fuentes modernas de energía como la imposibilidad de pagar por ellas. Por ello, una vivienda con conexiones precarias, suministro deficiente (por ejemplo, con apagones frecuentes) o que dependa de combustibles contaminantes como leña para cocinar puede considerarse en situación de pobreza energética.
Las causas de la pobreza energética suelen ser multidimensionales. Típicamente es resultado de una combinación de bajos ingresos familiares, altos costos de la energía y viviendas con mala eficiencia energética o infraestructura inadecuada. Estas condiciones se agravan en comunidades rurales aisladas y en zonas urbanas marginadas. Por ejemplo, hogares con ingresos precarios pueden destinar una proporción excesiva de su presupuesto a combustible o electricidad, o bien recurrir a fuentes tradicionales (leña, carbón) que resultan perjudiciales para la salud y el medio ambiente.
De acuerdo con la definición adoptada en México en 2025, la pobreza energética se presenta “cuando en una vivienda no se logra satisfacer una o más necesidades energéticas básicas (como calentamiento de agua, cocción, conservación de alimentos e iluminación) debido a las condiciones de ingresos y carencias sociales de sus habitantes”. En otras palabras, la pobreza energética implica que el nivel de bienestar de las personas se ve limitado por la falta de acceso a energía moderna y asequible.
Impactos globales
De acuerdo con datos del Banco Mundial, la pobreza energética tiene consecuencias profundas. A nivel global, se estima que en 2023 unos 685 millones de personas todavía viven sin acceso a la electricidad, y alrededor de 2,100 millones dependen de combustibles tradicionales contaminantes para cocinar. Esta carencia energética afecta la salud (por la inhalación de humo de leña o por la falta de climatización en climas extremos), la educación (niños que no pueden estudiar de noche por falta de iluminación), la economía familiar (hogares que gastan una parte desproporcionada de sus ingresos en energía) y el desarrollo comunitario en general.
Por ejemplo, en América Latina y el Caribe se calcula que alrededor de 17 millones de personas no cuentan con electricidad y 75 millones cocinan con leña u otros combustibles no limpios, lo que muestra que el problema persiste incluso en regiones de desarrollo medio.
De acuerdo con información de Global Energy, en México, donde la cobertura eléctrica supera el 99%, todavía cerca de 1 millón de personas no tiene acceso a la electricidad y alrededor de 20 millones dependen de la leña u otras fuentes tradicionales para sus necesidades domésticas de energía.
Estas cifras ilustran que la pobreza energética es una realidad tanto por falta de acceso en zonas remotas como por la incapacidad de costear energéticos modernos en sectores vulnerables de la población. Combatir la pobreza energética es esencial para mejorar la calidad de vida, ya que la energía influye en indicadores clave de desarrollo humano como la salud, la educación y la productividad económica.
¿Qué es la justicia energética?
Principios básicos de equidad energética
La justicia energética es un concepto orientado a asegurar la equidad en el acceso y uso de la energía, integrando principios de justicia social en el ámbito energético. Parte de la premisa de que el acceso a una energía limpia, segura, confiable y asequible es un derecho humano básico, y por tanto busca, destaca la UCS, que todos los individuos y comunidades participen y se beneficien de los sistemas energéticos en forma equitativa.
En la práctica, la justicia energética implica reducir las desigualdades existentes en quiénes disfrutan de los beneficios de la energía moderna y quiénes cargan con sus costos o impactos negativos.
Dimensiones de la justicia energética
Bajo el enfoque de justicia energética, se reconocen tres dimensiones clave:
Justicia distributiva
Exige una distribución justa de los beneficios (como el suministro eléctrico) y de las cargas (como contaminación o tarifas) del sistema energético entre distintos grupos sociales y regiones. Por ejemplo, ninguna comunidad debería soportar desproporcionadamente la contaminación de centrales eléctricas sin recibir acceso adecuado a la energía.
Justicia de reconocimiento
Consiste en visibilizar y dar prioridad a las necesidades de grupos tradicionalmente marginados o vulnerables (comunidades rurales, pueblos indígenas, familias de bajos ingresos, etc.) en las políticas energéticas. Esto garantiza que las voces de todos los afectados sean escuchadas en la toma de decisiones sobre proyectos energéticos en sus territorios.
Justicia procedimental
Se refiere a procesos de toma de decisión inclusivos y transparentes, donde las comunidades locales y los ciudadanos puedan participar activamente en la formulación de políticas y en la planificación de proyectos energéticos que impacten sus vidas.
En términos sencillos, lograr la justicia energética significa remediar inequidades históricas en el sector energético. Por ejemplo, expertos señalan que durante décadas las comunidades más pobres o de minorías han tendido a sufrir más cortes de suministro, pagar proporcionalmente más por la energía o vivir cerca de instalaciones contaminantes sin recibir beneficios equivalentes, según la UCS. La justicia energética busca corregir estas situaciones, garantizando:
a) Una participación equitativa en las decisiones sobre energía,
b) La distribución justa de costos y beneficios.
c) La protección de los grupos vulnerables ante la transición energética lo cual es especialmente relevante frente al cambio climático toda vez que se promueve una transición energética justa que no deje atrás a las comunidades dependientes de economías fósiles y que extienda los beneficios de las energías limpias a todos.
A nivel internacional, la justicia energética ha cobrado importancia en la discusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos climáticos. El Banco Mundial destaca que el principio de “no dejar a nadie atrás” en la Agenda 2030 de la ONU aplica directamente al acceso universal a la energía (ODS 7). Iniciativas como la Transición Justa impulsada en foros climáticos subrayan que la descarbonización de la economía debe venir acompañada de medidas que aseguren empleo digno, reducción de la pobreza y desarrollo local, especialmente en regiones que históricamente han sido postergadas.
En pocas palabras, la justicia energética amplía la mirada más allá del acceso físico a la energía, abarcando la calidad, la asequibilidad y la participación: no basta con conectar a todos a la red eléctrica, sino que la energía suministrada debe ser confiable, sostenible y a bajo costo, y las comunidades deben tener voz en cómo se genera y distribuye.
Panorama global: desafíos en pobreza y justicia energética
A nivel global, la erradicación de la pobreza energética y el avance de la justicia energética presentan desafíos significativos pero imprescindibles de afrontar. Garantizar acceso universal a energía moderna para 2030 es una meta plasmada en los acuerdos internacionales (ODS 7 de la ONU). De acuerdo con la ONU, si bien ha habido progresos, las tendencias recientes indican que el ritmo no es suficiente: de continuar así, unos 660 millones de personas seguirán sin electricidad en 2030, y cerca de 2 mil millones seguirán usando combustibles contaminantes en la cocina.
El Banco Mundial agrega que las crisis recientes —como la pandemia de COVID-19 y volatilidad en precios de la energía por conflictos internacionales— han retrasado los avances en acceso universal, golpeando más a los hogares pobres. Los países en desarrollo con menor capacidad de subsidiar tarifas o expandir rápidamente sus redes eléctricas enfrentan un riesgo de profundizar la brecha energética.
Por otro lado, en economías industrializadas el concepto de pobreza energética se manifiesta en la dificultad para costear la energía del hogar. Información de la Unión Europea (UE), por ejemplo, estima que 36 millones de europeos no podían calentar adecuadamente sus hogares en 2020. La UE destaca que la inflación energética de los últimos años ha exacerbado este problema, llevando al bloque económico a promover estrategias específicas para proteger a consumidores vulnerables y mitigar la pobreza energética mediante mejoras de eficiencia en viviendas, subsidios y prohibiciones de cortes de luz a deudores en situaciones críticas.
Esto muestra que la pobreza energética es un fenómeno global con distintas caras: desde la aldea sin electrificar en África o Latinoamérica, hasta el apartamento mal aislado térmicamente en una ciudad europea cuyo ocupante no puede pagar la calefacción.
La justicia energética a nivel global exige también una transformación en cómo se planifica el sector energético. Los países más avanzados tecnológicamente están llamados a apoyar a regiones en desarrollo con financiamiento y transferencia de tecnologías limpias, reconociendo las desigualdades en contribución y vulnerabilidad al cambio climático.
Asimismo, se impulsa la participación comunitaria en proyectos como granjas solares, microrredes locales o cooperativas eléctricas, para distribuir más equitativamente los beneficios.
La justicia energética internacional implica que ningún país o comunidad quede rezagado en la transición: acceso a electricidad confiable en clínicas y escuelas rurales, programas de tarifas sociales para los pobres urbanos, eliminación gradual de combustibles altamente contaminantes como el carbón vegetal doméstico, y empoderamiento de las mujeres (quienes a menudo llevan la peor parte de la pobreza energética al recaer en ellas tareas como recolectar leña).
En suma, el panorama global demanda soluciones integrales: políticas públicas, innovación tecnológica (energías renovables descentralizadas, estufas limpias), financiamiento internacional y un enfoque de equidad para lograr un futuro energético sostenible y justo.
El marco legal en México: Leyes Secundarias 2025
La Secretaría de Energía ha incorporado de manera explícita los principios de pobreza y justicia energética en México en su legislación reciente. En marzo de 2025, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas y nuevas leyes del sector energético –conocidas como Leyes Secundarias 2025– que, entre otros objetivos, definen estos conceptos y establecen obligaciones para el Estado en su combate. Este marco normativo reconoce formalmente la pobreza energética como un problema a atender y la justicia energética como un objetivo nacional.
Algunos aspectos destacados de la legislación mexicana vigente son los que a continuación se exponen.
Definiciones legales de pobreza y justicia energética
La Ley del Sector Eléctrico (2025) introduce definiciones de referencia. Se define Pobreza Energética como “situación que ocurre cuando en una vivienda no se satisface una o más necesidades energéticas básicas (calentamiento de agua, cocción, conservación de alimentos, iluminación) debido a las condiciones de ingresos y carencias sociales” de sus habitantes.
A su vez, Justicia Energética se define como “acciones o estrategias encaminadas a reducir la pobreza energética, las desigualdades sociales y de género en el uso de la energía, e impulsar el desarrollo regional y la prosperidad compartida mediante el acceso a energía e infraestructura energética confiable, asequible, segura y limpia para atender necesidades básicas y reducir impactos en salud y medio ambiente”.
Estas definiciones alinean la visión mexicana con la de organismos internacionales, poniendo énfasis tanto en el acceso y la asequibilidad como en la equidad de género y la sostenibilidad ambiental.
Justicia energética como objetivo del Estado
La nueva legislación remarca la prioridad de llevar energía a todos los rincones del país. Por ejemplo, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (empresa pública eléctrica) establece en su Artículo 3 que la CFE tiene como objeto “procurar la justicia energética para el pueblo de México”. Esto significa que la empresa estatal no sólo debe proveer electricidad, sino hacerlo buscando la equidad en su servicio – es decir, asegurando continuidad, accesibilidad, precios asequibles y confiabilidad del suministro incluso para las comunidades históricamente desatendidas. Asimismo, el marco legal señala que las actividades de la CFE son de interés público y no constituyen monopolio en tanto persigan estos fines sociales.
Obligaciones de electrificación universal
Las Leyes Secundarias 2025 crearon instrumentos concretos para combatir la pobreza energética. El Gobierno Federal está obligado a promover el acceso energético universal, priorizando la electrificación de comunidades rurales y zonas urbanas marginadas. Para lograrlo, la Secretaría de Energía (SENER) coordinará esfuerzos con gobiernos estatales y municipales en proyectos de expansión de la red eléctrica o soluciones descentralizadas. La meta es cerrar las brechas que aún dejan a poblaciones sin electricidad o con servicio deficiente.
Fondo de Servicio Universal Energético
Se estableció un Fondo de Servicio Universal Energético para financiar acciones de justicia energética. Este fondo se integra, entre otras fuentes, con ciertos excedentes del mercado eléctrico mayorista y permanecerá vigente “hasta en tanto se cumplan los objetivos nacionales de justicia energética y combate a la pobreza energética”. En otras palabras, canalizará recursos específicos para infraestructura energética en comunidades de bajos ingresos o aisladas, y puede incluso recibir aportes de terceros (por ejemplo, empresas o donantes interesados en apoyar la electrificación rural).
Los recursos del Fondo deberán emplearse en proyectos que lleven electricidad y equipos energéticos limpios a hogares vulnerables. Por ejemplo, podría financiar la instalación de paneles solares domiciliarios, extensiones de redes de distribución, estufas eficientes para sustitución de leña, iluminación pública en colonias periféricas, etc.
Programas focalizados y tarifas asequibles
La SENER, junto con otras dependencias (bienestar social, hacienda, medio ambiente), tiene el mandato de diseñar programas de apoyo focalizado para suministro energético adecuado a precios asequibles en zonas rurales y urbanas marginadas. Esto sugiere la implementación de subsidios o tarifas sociales especiales para los grupos más vulnerables, así como la promoción de tecnologías limpias que reduzcan costos a largo plazo. El objetivo es que ningún mexicano vea comprometido su bienestar por no poder pagar la luz o el gas.
Participación e inclusión
La justicia energética en México también implica dar voz a las comunidades en la planificación energética. La ley exige que en los grandes proyectos de infraestructura energética se evalúe el impacto social y se realicen consultas previas, libres e informadas con pueblos indígenas y comunidades afectadas.
Además, la definición legal de justicia energética incluye “la ampliación de espacios de participación inclusiva, principalmente de los pueblos originarios, en las cadenas productivas locales de los proyectos energéticos”. Esto refleja un compromiso por incorporar a grupos tradicionalmente excluidos, asegurando que la transición energética también beneficie directamente a las economías locales y respete los derechos de las comunidades.
En síntesis, el marco normativo mexicano de 2025 integra la lucha contra la pobreza energética y la promoción de la justicia energética como política de Estado. Al consagrar estos principios en la ley, México reconoce que el acceso a la energía no es sólo un tema técnico o económico, sino un asunto de equidad social y desarrollo sostenible. Estas leyes secundarias sientan las bases para que las instituciones (como la CFE, SENER y la nueva Comisión Nacional de Energía) ejecuten planes y proyectos dirigidos a identificar y atender a las comunidades en condiciones de vulnerabilidad energética.
Conclusiones
La pobreza energética y la justicia energética son dos caras de un mismo reto global: asegurar que todas las personas puedan disponer de energía suficiente, limpia y a buen precio para vivir con dignidad, al tiempo que se corrigen desigualdades históricas en la distribución de los beneficios de los sistemas energéticos.
A nivel mundial se están redoblando esfuerzos para cerrar la brecha de acceso a la energía hacia 2030 y para garantizar una transición hacia fuentes renovables que sea justa e inclusiva. México, mediante las Leyes Secundarias de 2025, ha dado un paso importante al incorporar estos conceptos en su legislación, definiendo obligaciones concretas para llevar electricidad y otros energéticos modernos a quienes aún carecen de ellos, y promoviendo la participación social en la materia.
En conclusión, abordar la pobreza energética con un enfoque de justicia energética permite no sólo mejorar las condiciones de vida de las comunidades más rezagadas, sino también construir un futuro energético más sostenible y equitativo para el país.
Área de Influencia, con su conocimiento y experiencia en el territorio, cuenta con las herramientas para identificar aquellas comunidades que presentan estas condiciones de pobreza y vulnerabilidad energética, contribuyendo así a focalizar las acciones donde más se necesitan y a promover soluciones que realmente no dejen a nadie atrás en el acceso a la energía.
Referencias
Banco Mundial. (2023). Panorama general: Energía. Recuperado de https://www.bancomundial.org/es/topic/energy/overview
Unión de Científicos Conscientes (UCS). (s.f.). Justicia ambiental, climática y energética. Recuperado de https://es.ucs.org/recursos/justicia-ambiental-climatica-y-energetica
Comisión Europea. (2022). ¿Cómo puede la UE ayudar a las personas afectadas por la pobreza energética? (Dirección General de Energía, 16 de febrero de 2022). Recuperado de https://commission.europa.eu/…/focus-how-can-eu-help-those-touched-energy-poverty-2022-02-16_es
Diario Oficial de la Federación (DOF). (18 de marzo de 2025). Decreto por el que se expiden la Ley del Sector Eléctrico y otras disposiciones del sector energético. México: DOF, Secretaría de Gobernación. (Leyes Secundarias de la Reforma Energética 2025).
