Reactivación minera en México: minerales críticos, transición energética y la urgencia de una Manifestación de Impacto Social

2026: el regreso de la exploración minera a gran escala

La minería mexicana se prepara para un punto de inflexión. En el marco de la XXXVI Convención Internacional de Minería, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que 2026 marcará el reinicio pleno de la exploración minera a gran escala, tras varios años de desaceleración derivados de la ausencia de nuevos permisos y ajustes regulatorios.

 

El mensaje es claro: México busca recuperar su papel estratégico en las cadenas globales de suministro, particularmente en sectores como la industria automotriz, la manufactura avanzada y la transición energética. No es un dato menor: la minería aporta cerca del 3.00% del PIB nacional y genera más de 400 mil empleos directos, además de miles de empleos indirectos en regiones altamente dependientes de esta actividad.

Sin embargo, la reactivación no puede replicar inercias del pasado. Hoy el desafío no es sólo económico o geológico: es social, territorial y político.

Minerales críticos: la base material de la transición energética

La transición energética —vehículos eléctricos, almacenamiento de energía, redes inteligentes, energías renovables— no es posible sin minería. Litio, cobre, grafito, níquel, tierras raras y manganeso son hoy minerales críticos para cumplir metas de descarbonización y seguridad energética.

México posee un potencial geológico significativo en varios de estos minerales, lo que lo coloca en una posición estratégica frente a América del Norte y los mercados globales. No obstante, el acceso a estos recursos enfrenta una condición ineludible: la aceptación social del proyecto en territorio.

La paradoja es evidente: la transición energética, pensada para reducir impactos ambientales globales, puede generar conflictos sociales locales si no se gestiona adecuadamente la relación entre minería, comunidades y territorio.

Minería moderna: sostenibilidad, pero también legitimidad social

Desde el discurso gubernamental y empresarial se habla de una minería moderna, con mayor responsabilidad ambiental, mejores prácticas laborales y supervisión más estricta de impactos. Esa visión es correcta, pero incompleta.

La experiencia en México y América Latina demuestra que los mayores riesgos de la minería ya no son técnicos, sino sociales: oposición comunitaria, bloqueos, litigios, pérdida de licencia social para operar y, en casos extremos, cancelación de proyectos.

No basta con cumplir la Ley Minera o con contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Estos instrumentos, aunque indispensables, no son suficientes para anticipar ni gestionar los impactos sociales complejos que genera la exploración y explotación de un yacimiento sobre los asentamientos humanos que lo rodean.

Justicia energética y minería: una relación necesaria

La justicia energética plantea una pregunta incómoda pero fundamental:

¿Quién asume los costos sociales y quién recibe los beneficios del desarrollo energético y extractivo?

En muchos territorios mineros, las comunidades enfrentan:

• Transformaciones aceleradas de su economía local.
• Presión sobre servicios públicos e infraestructura.
• Cambios en el uso del suelo y en los medios de vida tradicionales.
• Aumento de conflictos sociales, desigualdad y percepción de exclusión.

Una minería alineada con la justicia energética no sólo extrae recursos, sino que:

• Reconoce derechos colectivos e individuales.
• Distribuye beneficios de forma equitativa.
• Previene impactos antes de que se conviertan en crisis territoriales.

Para ello, se requieren instrumentos técnicos especializados, no únicamente declaraciones de buena voluntad.

La gran ausencia: un instrumento obligatorio de impacto social para minería

A diferencia del sector energético —hidrocarburos y electricidad—, la minería en México no cuenta con una Manifestación de Impacto Social obligatoria y estandarizada como requisito previo a la autorización de proyectos.

Esta ausencia genera un vacío crítico:

• Los impactos sociales se abordan de forma fragmentada o reactiva.
• La participación comunitaria suele ser tardía o instrumental.
• Los conflictos emergen cuando el proyecto ya está avanzado, elevando costos y riesgos.

Una Manifestación de Impacto Social para el sector minero permitiría:

• Identificar comunidades y actores de interés desde etapas tempranas.
• Delimitar áreas de influencia realistas, no sólo administrativas.
• Prever impactos sociales directos, indirectos y acumulativos.
• Diseñar medidas de prevención, mitigación y ampliación de beneficios.
• Construir Planes de Gestión Social con indicadores y seguimiento.

En términos prácticos, no es un obstáculo para la inversión, sino un seguro de viabilidad social y financiera.

Reactivar la minería sin repetir errores

El nuevo esquema anunciado por el Gobierno Federal para acelerar permisos y reducir tiempos de evaluación puede ser una oportunidad o un riesgo, dependiendo de cómo se implemente.

Si la simplificación administrativa ignora la dimensión social, los conflictos no desaparecerán: sólo se pospondrán. Por el contrario, incorporar una Manifestación de Impacto Social robusta desde la exploración permitiría:

• Reducir incertidumbre para inversionistas.
• Fortalecer la gobernanza territorial.
• Alinear minería, transición energética y desarrollo local.

La exploración minera del siglo XXI no puede entenderse únicamente como una actividad técnica: es un proceso de intervención territorial que transforma comunidades, economías y relaciones sociales.

El papel de Área de Influencia, Consultores

En este contexto, Área de Influencia, Consultores cuenta con los recursos intelectuales, metodológicos y técnicos para:

• Diseñar y ejecutar Manifestaciones de Impacto Social adaptadas al sector minero.
• Evaluar riesgos sociales y territoriales desde la exploración hasta el cierre.
• Desarrollar Planes de Gestión Social alineados con estándares nacionales e internacionales.
• Acompañar a empresas en la construcción de licencia social para operar, reduciendo riesgos no técnicos.

La reactivación minera en México exige algo más que permisos rápidos: exige inteligencia social aplicada al territorio.

Conclusión: sin impacto social, no hay minería viable

México necesita minería para la transición energética, pero la transición no será justa ni sostenible si se ignoran los impactos sociales en territorio.

La reactivación anunciada para 2026 es una oportunidad histórica para corregir el rumbo: incorporar la Manifestación de Impacto Social como requisito normativo no es un freno al desarrollo, sino la condición mínima para que la minería sea viable, legítima y socialmente responsable.